Fotografía de archivo del 7 de febrero de 2015, de la estación de tratamiento de agua de la CEDAE, la estación de Guandu, en el municipio de Nova Iguaçu, en Río de Janeiro (Brasil). EFE

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Río de Janeiro, 20 feb (EFE).- Al menos 18 personas fueron hoy detenidas en Río de Janeiro tras un enfrentamiento con la policía durante una protesta contra la privatización de la empresa pública de saneamiento que atiende el tercer estado más poblado de Brasil.

Los manifestantes marcharon por las calles de Río de Janeiro después de que la Asamblea Legislativa del estado aprobara hoy por amplia mayoría la polémica propuesta del gobierno regional para privatizar la Compañía Regional de Agua y Alcantarillado (Cedae).

Los funcionarios públicos se concentraron frente a la sede del palacio legislativo y de la propia Cedae, donde los empleados anunciaron una huelga a partir de la madrugada de este martes.

Los manifestantes intentaron interrumpir el paso de los vehículos en algunas avenidas y se registraron varios enfrentamientos con la policía, que reaccionó con bombas aturdidoras y gas lacrimógeno.

Pese a las protestas de los partidos de la oposición, de los empleados de la Cedae y de los sindicatos de funcionarios públicos, los diputados oficialistas alegaron que la privatización es necesaria para que la gobernación consiga sanear sus cuentas y pagar los salarios.

Río de Janeiro se declaró en bancarrota en julio pasado, poco antes de los Juegos Olímpicos que albergó en 2016, y desde entonces ha necesitado préstamos y ayudas del gobierno federal de Brasil para pagar sus deudas y los salarios de los empleados públicos.

Las protestas se han sucedido desde comienzos de año debido a las medidas de austeridad y el atraso de pagos a miles de trabajadores públicos en medio de la profunda crisis que vive el estado.

La semana pasada el gobierno regional solicitó el refuerzo de 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas para patrullar las calles ante la posibilidad de que los policías se declaren en huelga y la necesidad de sustituir a los agentes que han sido enviados a dar seguridad a la sede legislativa ante las protestas.

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