Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia del ministro del Interior de Colombia, Juan Fernano Cristo (i), durante un encuentro con integrantes de las FARC y el Gobierno colombiano para evaluar los avances en la implementación del acuerdo de paz firmado hace 100 días en Bogotá hoy, domingo 26 de marzo de 2017 en Cartagena (Colombia). EFE/Presidencia de Colombia

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Bogotá, 26 mar (EFE).- El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC decidieron dar un impulso al acuerdo de paz en momentos en que un cúmulo de dificultades amenaza con alargar la implementación de lo pactado, para lo cual diseñaron una estrategia de seis puntos con compromisos de parte y parte.

El compromiso quedó plasmado en un comunicado conjunto anunciado hoy en Cartagena de Indias, donde durante dos días representantes del Gobierno y las FARC se reunieron a puerta cerrada para evaluar los primeros 100 días de la implementación del acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá.

A la cita se sumaron el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", según la Presidencia.

El mandatario, en compañía de miembros de su gabinete, se reunió con miembros del secretariado de las FARC, para recibir el informe de los dos días de trabajo, agregó la información.

"El Gobierno Nacional y las FARC seguirán trabajando para cumplir los compromisos contemplados en el Acuerdo Final que nos llevará a construir la paz estable y duradera para beneficio de todas y todos los colombianos", señala el comunicado.

El momento que vive el acuerdo no es fácil pues las partes se recriminan por el poco avance en los compromisos para implementarlo, y a esto suman las dificultades del Gobierno para alinear a sus huestes en el Congreso a la hora de aprobar las reformas constitucionales con las que se creará la arquitectura jurídica de lo pactado.

Una muestra de esas dificultades está en que, a pesar de las mayorías con que cuenta el Gobierno en el Congreso, aprobó con los votos justos el acto legislativo que introduce al ordenamiento jurídico la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que busca satisfacer los derechos de las víctimas.

En Cartagena, el Gobierno y las FARC, que confluyen en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), dijeron que se identificaron las dificultades y se acordó trabajar en los asuntos de desarrollo legislativo, garantías de seguridad, tránsito a la legalidad, zonas veredales transitorias de normalización, reincorporación y el cronograma de la dejación de armas.

Puntualmente quedó expreso en los compromisos sobre desarrollo legislativo que en abril próximo el Gobierno presentará al Congreso un paquete de proyectos de reforma constitucional y de ley para avanzar en el tema de desarrollo rural integral, que es el primer punto del acuerdo.

También agilizará la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, incluidas en el acuerdo negociado durante casi cuatro años en La Habana.

En cuanto a garantías de seguridad, se agilizará "la activación de los mecanismos e instancias establecidas en el acuerdo", lo que incluye un Pacto Político Nacional "que busca garantizar el efectivo compromiso de todos los colombianos para que nunca más se utilicen las armas para hacer política".

Las FARC, por su parte, completarán los listados de sus hombres, que deben incluir a los milicianos (colaboracionistas), mientras que el Gobierno se comprometió a dar "apoyo necesario a las instancias competentes encargadas del trámite de amnistías con el fin de agilizarlas".

Con respecto a uno de los reclamos más recurrentes de las FARC, que es el atraso en las obras de adecuación de las 26 zonas veredales creadas para albergar a unos 7.000 guerrilleros, el Gobierno se comprometió a que en abril las entregará "en su totalidad" y dotadas de ambulancias y personal médico.

En materia de reincorporación a la vida civil de quienes dejen las armas, un tema que preocupa a los guerrilleros, "se definió la oferta institucional y de proyectos productivos para los hombres y mujeres de las FARC" para que tengan seguridad socioeconómica en el futuro.

Como parte del compromiso de acelerar la dejación de armas de las FARC se mantendrá el cronograma acordado, que en este aspecto establece un plazo de 180 días que se completarán el próximo 29 de mayo.

Con ese propósito se definió que se continuará con la dejación de las armas de los miembros de las FARC que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y de quienes participan en el desminado humanitario y en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Lo acordado en Cartagena será discutido mañana por el presidente Santos en un consejo de ministros con el fin de superar cuanto antes los obstáculos que se atraviesan en el camino de la paz.

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