Vista general durante una sesión en la Asamblea Nacional este 9 de mayo de 2017, en Caracas (Venezuela). EFE

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Caracas, 9 may (EFE).- Un total de 73 civiles han sido privados de libertad en Venezuela por decisión de tribunales militares, de los 137 que fueron presentados ante esas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales, informó hoy la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).

El director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, dijo también en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con mayoría de oposición, que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron enviadas a tribunales militares instalados en la Guardia Nacional (policía militarizada) y que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.

"En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró", añadió.

Aseguró que en la mayoría de los casos el FPV ha considerado que "no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie", y puso el ejemplo de los presuntos involucrados en los saqueos ocurridos en Carabobo la semana pasada.

"Por saqueos se habían robado unas piernas de jamón y esta persona no fue imputada, ni se precalificaron los delitos como hurto o robo, ni siquiera alteración del orden público sino como instigación a la rebelión y vilipendio", afirmó Romero.

El también abogado explicó que en estos casos se "creó una narrativa" de que estas personas capturadas en el escenario de saqueos "estaban supuestamente atacando a los guardias nacionales" y también se responsabilizó "a supuestos dirigentes de oposición" de causar esta situación.

"Todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General de la República porque han estado presentes en cada una de las denuncias que se han planteado ante los tribunales", dijo, y pidió al Parlamento que invite a la fiscal, Luisa Ortega, a una sesión legislativa para que hable de esta situación.

Romero reiteró que en esta ola de protestas antigubernamentales iniciada a principios de abril pasado la represión por parte de las fuerzas de seguridad ha aumentado "no solo cuantitativamente sino también cualitativamente".

"No se individualiza a las personas, se detienen de forma general a cualquiera que esté alrededor de una protesta o de una manifestación", advirtió, y agregó que estas detenciones van acompañadas "de tratos crueles e inhumanos y de torturas".

"En Monagas (este), está el caso del profesor Joel Bellorín, torturado cruelmente y hoy en día privado de libertad. A él lo torturaban para exigir que confesara en contra de dirigentes de oposición", afirmó Romero.

La mayoría opositora del Parlamento aprobó hoy el "acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción ordinaria violando los derechos humanos".

El 18 de abril pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de activar el llamado "Plan Zamora", que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado auspiciado "desde Washington".

La ola de protestas contra el Gobierno de Maduro en ocasiones ha degenerado en hechos violentos, en los que han muertos 37 personas y otras centenares han resultado heridas y detenidas.

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