Las fuerzas de seguridad impidieron hoy la instalación de un campamento que varios movimientos ciudadanos pretendían montar frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que se haga pública la documentación sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país. EFE/Archivo

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Santo Domingo, 16 may (EFE).- La Cámara de Diputados dominicana investigará los incidentes ocurridos hoy cuando varios diputados fueron agredidos en la sede de la Procuraduría, donde grupos populares intentaron acampar para exigir que se divulguen los nombres de los sobornados por la constructora Odebrecht.

Esa comisión de investigación la formarán el vicepresidente de la Cámara, Guadalupe Núñez, y los portavoces de las diferentes bancadas del hemiciclo, según dispuso la presidenta, Lucía Medina Sánchez.

Las fuerzas de seguridad impidieron hoy la instalación de un campamento que varios movimientos ciudadanos pretendían montar frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que se haga pública la documentación sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana.

Un grupo de legisladores, todos de oposición, intentó alcanzar la sede de la Procuraduría para acompañar a los miembros de los grupos populares pero fueron repelidos a empujones y con gases lacrimógenos por policías apostados en el lugar.

Los incidentes fueron condenados por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), que anunció la creación de una comisión de juristas para emprender acciones judiciales contra la "actuación violenta" de la Policía.

El portavoz de la formación, Alfredo Pacheco, afirmó que "no nos vamos a detener ni a amedrentar ante estas agresiones".

Por su parte, el excandidato presidencial del PRM Luis Abinader condenó "el atropello del que fueron objeto esta mañana varios diputados" y advirtió de que esa acción supone "una grave violación del estado de derecho y de la institucionalidad democrática".

Abinader opinó, en un comunicado, que "el Gobierno del presidente (dominicano) Danilo Medina tiene que aprender a convivir con las protestas y los reclamos que se produzcan en el marco de las prerrogativas que establecen la Constitución y las leyes".

Previo al enfrentamiento con los diputados, la Policía detuvo a varios miembros de grupos populares que intentaron instalar la carpa frente a la Procuraduría General de la República.

El grupo fue liberado horas después por orden expresa del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, según confirmó a Efe un portavoz de la institución.

Por su parte, el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado en el que justificó el impedimento de instalar el campamento, bajo el argumento de que obstaculizaría el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de varias instituciones.

Consideró el organismo que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias "es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades".

Rechazó, además, que el Gobierno vulnere los derechos de ningún grupo o conglomerado, pero afirmó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás.

El procurador Rodríguez, quien participó hoy en Punta Cana (este) en una conferencia internacional sobre drogas, garantizó que los involucrados en el escándalo de los sobornos de Odebrecht serán sometidos a la justicia, y que la información al respecto se procesará en cuanto ese organismo la reciba desde Brasil.

"Tan pronto la tengamos (la lista) la vamos a procesar para garantizarles a ustedes que vamos a someter a la justicia a todos aquellos que están involucrados en el caso", afirmó.

El pasado mes de abril, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría General de su país y la constructora Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras pública, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados, plazo que vence este viernes.

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