Fotografía cedida por la Agencia Venezolana de Noticia (AVN), del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien participa en una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente hoy, jueves 17 de agosto de 2017, en Caracas (Venezuela). EFE/AVN

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Caracas, 17 ago (EFE).- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada en su totalidad por oficialistas, sigue centrada en la exfiscal general Luisa Ortega, y su esposo, el diputado Germán ferrer, tras su distanciamiento con el Gobierno, acusándoles ahora de estar tras una red de extorsión.

Los más de quinientos asambleístas votaron en el pleno la retirada de la inmunidad de Ferrer -un diputado de la vieja guardia chavista que tenía ya dos periodos en la bancada roja del Parlamento-, un procedimiento que da carta blanca para su captura y enjuiciamiento.

La decisión formaliza el procedimiento que ya las autoridades y la policía de inteligencia iniciaron ayer con el allanamiento de la morada de Ferrer y Ortega Díaz, así como de conocidos y allegados, sin que se conozca hasta ahora del paradero de la pareja chavista pero disidente del Gobierno de Nicolás Maduro.

La propuesta fue sometida a la votación por el constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que Ferrer "reúne el prontuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea allanada de manera inmediata y sea sometido a la justicia".

El parlamentario chavista "está siendo en este momento procesado por hechos de corrupción, asociación para delinquir, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y extorsión", dijo a su vez el primer vicepresidente de la Constituyente y ex asesor jurídico de Maduro, Elvis Amoroso.

A Ferrer se le implicó en el funcionamiento de una supuesta red de extorsión, que operaba gracias a su relación con la exfiscal, para pedir dinero a las personas implicadas en delitos con el fin de evitar que el Ministerio Público formalizara las acusaciones.

En esta supuesta asociación estaban además implicados dos fiscales vinculados a la gestión de Ortega Díaz, que fue relevada de su cargo por esta misma Asamblea Constituyente al atribuirle otras faltas graves.

Las acusaciones por delitos supuestamente descubiertas por los oficialistas se hicieron públicas justo después de que Ortega Díaz y Ferrer, hasta hace unos meses cercanos aliados del presidente Maduro, se manifestaran en contra de la "ruptura del orden constitucional" propiciado por el Gobierno.

No obstante, Cabello precisó hoy que esta acción no es un "hecho de retaliación política, como ellos han querido poner, que ahora son perseguidos políticos, no, aquí hay hechos de delincuencia, una gran mafia", dijo.

Los delitos que se le atribuyen a Ferrer se sustentan en los comprobantes de apertura de una cuenta por varios millones de dólares en un banco internacional, unos documentos con la supuesta rúbrica del diputado.

En esa misma sesión, el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, enfiló también nuevas acusaciones contra Ortega Díaz, esta vez de ser la "autora intelectual" de todas las muertes ocurridas durante la oleada de protestas que se inició en abril contra el Gobierno de Maduro y se saldó con más de 120 fallecidos.

"La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del 1 de abril", dijo Saab ante la Constituyente que lo designó en el cargo hace casi dos semanas luego de remover a Ortega.

Fue justamente la primera declaración de la exfiscal al denunciar que despojar al Parlamento, controlado por opositores, de sus atribuciones constituía una ruptura del orden constitucional, lo que a juicio de Saab detonó el clima de conflictividad en el país.

"Su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país, apuntó a que hubiese una intervención extranjera, a que hubiera una ocupación militar en este país. Yo la denuncio como una agente de la conspiración, la más terrible que ha vivido esta nación venezolana", sostuvo.

Consideró que la exfiscal "apostó a la disolución del Estado" y desarrolló una "aberrada actuación" durante los casi 10 años que pasó como titular del Ministerio Público, una institución, remarcó, convertida en un "cartel de extorsión" que mantenía una "guerra de impunidad" en el país.

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