Un policía birmano herido (c-dcha) llega al hospital de Sittwe, estado Rakhine, oeste de Birmania, el 29 de agosto de 2017. Al menos 110 personas han muerto de forma violenta desde el viernes en el oeste de Birmania (Myanmar) debido a la ola de ataques contra puestos oficiales reivindicados por rebeldes musulmanes rohinyá. EFE/Archivo

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Bangkok, 30 ago (EFE).- Parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por los Derechos Humanos (APHR, sigla en inglés) pidieron hoy al gobierno de Birmania (Myanmar) acciones inmediatas para proteger a los civiles ante los enfrentamientos registrados en el estado de Rakhine, oeste del país.

"La prioridad es el deber de proteger a los civiles. Todas las partes deben tomar medidas urgentes para proteger a todos los individuos afectados por la violencia, independientemente de su origen étnico o ciudadanía", declaró la parlamentaria indonesia Eva Kusuma Sundari, en un comunicado de la APHR.

Desde el pasado viernes, al menos 110 personas han muerto durante la violencia desatada por la ola de ataques reivindicados por rebeldes musulmanes rohinyá contra puestos oficiales en Rakhine.

Un millar de insurgentes armados con cuchillos, machetes, hachas, tirachinas y otras armas caseras participaron en los ataques perpetrados contra distintos objetivos del municipio de Maungdaw, cerca de la frontera con Bangladesh.

El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), grupo al que se atribuye el ataque a tres puestos policiales el 9 de octubre de 2016 que dejó nueve agentes muertos y desencadenó una represión de las fuerzas de seguridad, reivindicó la acción.

Los insurgentes, que califican al gobierno de "opresivo" y al Ejército de "brutal", denuncian el "bombardeo indiscriminado" contra civiles y abusos como violación de mujeres, saqueo de propiedades y sacrifico de animales domésticos.

Las autoridades birmanas califican a los integrantes del grupo de "extremistas terroristas", y sostienen que son los responsables de asesinatos y la quema de casas.

"No se trata de política; se trata de la responsabilidad más fundamental de salvaguardar la vida humana, una obligación del derecho internacional humanitario", remarca Sundari.

Miles de personas de la etnia rohinyá tratan de buscar amparo en la vecina Bangladesh, pero las autoridades de este país impiden a los desplazados el cruce fronterizo.

"El Gobierno de Bangladesh debe permitir el refugio a los rohinyá y terminar con las expulsiones que dejan a los civiles vulnerables ante el peligro", urge el parlamentario filipino Teddy Baguilat, al reclamar a los países de la región una intervención más activa para prevenir una masacre similar a la que sufrió Camboya.

Baguilat hace referencia a las 1,7 millones de personas que murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo en Camboya a causa de trabajos forzados, enfermedades, hambruna y purgas políticas.

"Es tiempo para actuar o podríamos tener otra Camboya en nuestro patio trasero", clama el malasio Charles Santiago, presidente de APHR.

Más de un millón de rohinyás viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, sino que los consideran inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

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