Pancartas durante una protesta este viernes contra la violencia en Birmania contra la etnia musulmana rohinyás, en Jalalabad, Afganistán. EFE

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Bangkok, 9 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la colocación de minas antipersona en la frontera entre Birmania (Myanmar) y Bangladesh, por donde en las últimas dos semanas han huido al menos 270.000 musulmanes de la etnia rohinya.

Al menos una persona ha muerto y tres, entre ellos dos niños, han resultado heridas de gravedad por la explosión de esas minas colocadas, según acusa AI en un comunicado, por el Ejército birmano.

Las minas antipersona, cuya utilización está prohibida por varias convenciones internacionales, han sido desplegadas en un estrecho tramo en el lado birmano de la frontera que separa el estado de Rakhine (oeste de Birmania) con el territorio bangladesí.

"El uso de esta arma indiscriminada y mortal por parte de los militares birmanos, en caminos concurridos alrededor de la frontera, pone en peligro la vida de civiles", denuncia Tirana Hassan, directora de AI para la respuesta de crisis internacionales.

Hassan y su equipo se encuentran en el lado bangladesí, desde donde han documentado con entrevistas con testigos y expertos en seguridad el uso de estas minas.

Según esta investigación, varias personas aseguran que han visto a las fuerzas de seguridad birmanas, entre ellos policías fronterizos, colocar las minas en su lado del territorio.

Hasta la fecha, el Ejército birmano ni ha confirmado ni desmentido las informaciones.

No obstante, el portavoz de la Oficina de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder de facto del gobierno birmano y al cargo de la Consejería de Estado, negó esta semana que los efectivos gubernamentales hayan colocado las minas y acusó a los insurgentes rohinyás, a quienes calificó de "terroristas", de estos trabajos.

El Gobierno de Dacca ha elevado una queja formal ante las autoridades de Naipyidó sobre este asunto.

"Las autoridades de Birmania deben dejan de encubrir las negaciones. Las evidencias sugieren que sus propias fuerzas de seguridad están detrás de la colocación de minas terrestres, que son ilegales y están mutilando a los civiles", asegura Hassan.

El éxodo de los rohinyás, a quienes el Gobierno de Birmania no concede la ciudadanía, se intensificó el 25 de agosto tras el asalto armado del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra una veintena de posiciones gubernamentales.

El Ejército birmano respondió con una operación militar.

Desde el inicio de los enfrentamientos el ARSA y las Fuerzas Armadas se intercambian acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos.

Se estima que más de un millón de rohinyás vivían en Rakhine (antigua Arakán) víctimas de una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, y les considera inmigrantes bengalíes, y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

"Lo que sucede delante de nuestros ojos puede ser descrito como 'limpieza étnica' con los rohinyás como objetivo por su origen étnico y religioso. En términos legales, se trata de crímenes contra la humanidad que incluyen el asesinato y la deportación o traslado forzado de la población", sentencia la activista de AI.

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