El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. EFE/Archivo

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Bogotá, 9 oct (EFE).- La Policía de Colombia enfrenta duros señalamientos tras la muerte en menos de una semana de siete civiles en dos operativos en el suroeste del país para contener protestas ciudadanas y el hostigamiento a una misión humanitaria de la que también hacían parte periodistas.

La actuación policial fue blanco de críticas luego de que seis campesinos fueran asesinados el jueves pasado en medio de una protesta contra la erradicación de cultivos de coca en una zona rural del municipio de Tumaco, hecho atribuido en principio a disidentes de las FARC y por el que hoy fueron suspendidos cuatro uniformados.

Aún sin dilucidar el caso de Tumaco, una misión que trataba de llegar este domingo al lugar donde fueron atacados los civiles fue hostigada por la Policía con granadas y disparos al aire, mientras que una periodista comunitaria falleció tras resultar herida en un choque entre miembros de esa institución e indígenas en el vecino departamento del Cauca.

En un duro pronunciamiento, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el hostigamiento contra la comitiva y pidió que se investigue la muerte de la reportera.

Según la FLIP, las explicaciones de la Policía sobre el hostigamiento "son insuficientes", "en algunos apartes falta a la verdad" y pretende justificar una acción "abiertamente desproporcionada".

"Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza", advirtió la organización.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió por su parte que "las acciones de la fuerza pública contra las bandas criminales y en la erradicación de cultivos ilícitos deben ser contundentes, pero siempre en el más estricto respeto a los derechos humanos" y calificó de "lamentable" el hostigamiento a la misión.

Pero además señaló que Tumaco, el municipio colombiano que tiene más hectáreas cultivadas de coca y donde campean diversas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico "es una región prioritaria para el Gobierno y el Estado en la construcción de paz".

"No vamos a bajar la guardia contra el narcotráfico, combustible de la violencia durante tantos años", afirmó Santos, quien aclaró que el Gobierno no permitirá "que organizaciones al margen de la ley intimiden o presionen a la comunidad".

La protesta del pasado jueves es una de las varias ocurridas en los últimos meses en el departamento de Nariño, donde está Tumaco, fronterizo con Ecuador, y que tuvo como antecedente en abril pasado un choque entre unos mil labriegos y policías erradicadores de cultivos ilícitos.

En esa ocasión, los manifestantes trataron de retener a 54 policías, 11 de los cuales permanecieron en su poder 48 horas.

La sustitución voluntaria de cultivos por parte de los campesinos y la erradicación manual como segunda opción son los ejes de la estrategia del Gobierno para eliminar 50.000 hectáreas este año, cuando precisa mostrar resultados tras el repunte de las sembrados de coca.

La política antidrogas de Colombia está bajo la lupa de EE.UU., después de que el presidente Donald Trump amenazó el pasado 13 de septiembre con "descertificar" al país por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos consideró en un comunicado que las muertes en Tumaco "se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del acuerdo de paz (con las FARC), y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil".

Y fue el supuesto incumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana sobre sustitución de cultivos uno de los reclamos que la exguerrilla, hoy convertida en partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), hizo al Gobierno al pedir que se esclarezcan los hechos de violencia en Tumaco.

"Necesitamos unas investigaciones precisas para establecer responsabilidades, porque eso no fue lo que se combinó en La Habana, sino la sustitución consensuada de los cultivos ilícitos y no la represión con bala y con gases", dijo el número dos de la antigua guerrilla, "Iván Márquez", en una rueda de prensa en Bogotá.

Once meses después de haber firmado la paz con las FARC y mientras se dialoga con el ELN, Colombia enfrenta enorme desafíos en las zonas rurales, que antes fueron bastiones de las guerrillas y que intentan ocupar otros grupos ilegales que se han financiado por años con el narcotráfico.

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