En la imagen, el presidente de Bolivia, Evo Morales. EFE/Archivo

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La Paz, 19 feb (EFE).- La política boliviana vive un clima de polarización entre defensores y detractores del presidente del país, Evo Morales, en el segundo aniversario del referéndum que le negó la posibilidad de reelección, aunque ya es candidato para seguir en el cargo hasta 2025.

Morales fue habilitado por el Tribunal Constitucional del país en noviembre pasado para concurrir de forma indefinida a la reelección y proclamado poco después como candidato para los comicios de 2019 por su partido, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Este miércoles se cumplen dos años del referéndum en que, sin embargo, el pueblo boliviano rechazó esa posibilidad, el 21 de febrero de 2016 (21-F).

Los partidarios de Morales han convocado para este martes y miércoles manifestaciones en varias ciudades de Bolivia, donde el tenor central será su confirmación como candidato para 2019.

A su turno, los detractores han anunciado para el miércoles un paro en las capitales de departamento encabezado por organizaciones cívicas, al margen de las estructuras políticas de la oposición.

El oficialismo del MAS recuerda el 21-F como una fecha en la que la oposición montó una "mentira", mediante la utilización de aspectos de la vida privada del presidente y una denuncia de tráfico de influencias.

Los sectores de oposición, por su parte, acusan al Gobierno de influir en el sistema judicial para conseguir una habilitación forzada de la candidatura del jefe de Estado por encima del resultado de un referéndum vinculante.

El referéndum lo plantearon las organizaciones sociales cercanas al Gobierno y el Parlamento boliviano aprobó su convocatoria en noviembre del 2015, meses después de que Morales consiguiera su última victoria electoral.

A menos de tres semanas de aquella consulta, el 3 de febrero de 2016 el periodista Carlos Valverde denunció el supuesto vínculo afectivo entre Morales y Gabriela Zapata, entonces gerente comercial de una empresa china con la que el Estado boliviano suscribió contratos que superaban los 500 millones de dólares.

Valverde respaldó la relación con el certificado de nacimiento de un hijo de ambos, para luego fundamentar su sospecha del delito de tráfico de influencias y un supuesto favorecimiento del mandatario a la que se creía que era su pareja.

Morales admitió que tuvo un hijo con Zapata en 2007, pero contó que el niño murió tiempo después y que nunca más volvió a saber de ella.

El efecto mediático de la noticia coincidió con la celebración del referéndum, que impidió una modificación constitucional para habilitar a Morales a una nueva elección.

En la consulta ganó el no a la reelección con un 51,3 %, frente al 48,6 % que cosechó el sí.

Una semana después del referéndum la Justicia detuvo a Zapata acusada por delitos relacionados con un supuesto origen ilícito de su fortuna.

El caso de la relación entre Morales y Zapata derivó en investigaciones penales y una parlamentaria para, en primera instancia, determinar si hubo tráfico de influencias y, en segunda, para probar la existencia real del supuesto hijo de ambos.

Meses después una juez concluyó que el hijo de Morales y Zapata no existía, pese a las afirmaciones de la mujer en sentido de que el menor estaba vivo y tras truncarse la supuesta presentación del menor ante medios internacionales, con un niño que resultó suplantado.

El oficialismo entendió que sin la existencia real del niño no podía hablarse de tráfico de influencias y sostuvo que el resultado del referéndum fue consecuencia de una mentira y de una campaña de desprestigio de la oposición.

En 2017 el Movimiento al Socialismo (MAS) presentó al Constitucional boliviano un recurso para levantar las restricciones sobre la reelección presidencial, argumentando que Morales tiene el derecho de ser elegido y el pueblo a elegirlo en base a la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El Constitucional advirtió que un artículo de la Convención está por encima de la Constitución boliviana y la normativa electoral, que limitan a dos los mandatos consecutivos.

El Constitucional ya autorizó a Morales, en el poder desde 2006, a presentarse en 2014 a un tercer periodo, al fallar que su primer mandato de 2006 a 2009 no cuenta porque el país se refundó con la Carta Magna de 2009.

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