Luego de que el presidente Donald Trump determinó el envío de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México, los gobernadores de estados fronterizos –que tienen el mando operativo de esas fuerzas en sus respectivas jurisdicciones– comenzaron a asignar unidades. Hasta el momento unos 900 guardias nacionales han sido desplegados en la frontera en Arizona, Nuevo México y Texas, según el portal Military.com.

Y si bien esos militares realizarán labores de asistencia a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), no podrán actuar directamente en tareas de aplicación de la ley ni tampoco participarán en misiones que los pongan en contacto directo con el personal de CBP, según indicó el subjefe de la Oficina de la Guardia Nacional, el general Daniel Hokanson.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas en espera de una reunión con el gobernador de ese estado, Greg Abbott, sobre la seguridad en la frontera entre EEUU y México. (Reuters)
Miembros de la Guardia Nacional de Texas en espera de una reunión con el gobernador de ese estado, Greg Abbott, sobre la seguridad en la frontera entre EEUU y México. (Reuters)

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Por ello no se requerirá que los guardias nacionales vayan armados al realizar esas tareas. Sin embargo, Hokanson reconoció que esos soldados sí podrían, si los gobernadores o los mandos militares en cada estado lo determinan al analizar la naturaleza de su labor y caso por caso, portar su arma para su defensa personal.

Esa posibilidad ha causado polémica, sobre todo porque evoca un trágico incidente suscitado en 1997. Como relata la televisora NBC, un joven estadounidense de 18 años que pastoreaba sus cabras cerca de la frontera con México en la región del Valle del Río Grande, sur de Texas, fue acribillado por marines que patrullaban la zona en busca de narcotraficantes. Se habría tratado, al parecer, de un error o confusión, pero esa muerte causó en su momento indignación y crítica por el uso extensivo de las fuerzas armadas en el patrullaje fronterizo.

Actualmente, los guardias nacionales en la frontera, que podrían llegar a ser hasta 2.000 en los próximos meses, tienen previsto realizar sus funciones sin estar armados, mayormente en tareas de apoyo aéreo y monitoreo de cámaras y sensores, reparación de vehículos y caminos y otras labores de vigilancia, según indicó el vicecomisionado de CBP, en declaraciones recogidas por Military.com. Esos militares, se ha reiterado, no participarán en detenciones de indocumentados o traficantes en la frontera.

¿Para qué necesitan las armas?

La afirmación de que esos guardias nacionales, si se requiriera, podrían ir armados ha sido controversial. En principio, porque cabría cuestionar por qué podría estar en riesgo la seguridad de esos militares al grado de necesitar portar su arma personal si no participarán en acciones de aplicación de la ley y sólo realizarán funciones de apoyo. Si no encararán a traficantes ni participarán en misiones de aplicación de la ley, ¿de qué podrían tener que defenderse?

Por otro lado, en caso de que en efecto los guardias nacionales portaran su arma personal, eso no necesariamente abre la puerta a un caso como el del joven acribillado en 1997 pues si la actividad de esos militares se circunscribe a las actividades de asistencia y vigilancia antes citadas, los guardias militares armados no estarían en principio en un contexto que requiriera el uso de esas armas.

La dicotomía al respecto es punzante pero, al margen de ello, es en el simbolismo de la posible medida donde se da una cuestión adicional.

La presencia de militares en la frontera ha sido rechazada por amplios grupos y criticada como un acto propagandístico de Trump, pero hay quienes la defienden bajo el argumento de su no participación en tareas de inmigración y aplicación de la ley y que sus funciones serán solo de apoyo para la CBP, a fin de permitirle a esta agencia un mayor margen de maniobra en sus funciones.

Por ello, la alusión a que los guardias nacionales podrían estar armados en ciertos casos iría a contracorriente del supuesto de no implicación en acciones directas y deja enrever que podría estar en evaluación una implicación más directa de la Guardia Nacional en la frontera. Además, da ímpetu a los críticos que rechazan la militarización de la frontera y recrudece los temores, recogidos en testimonios recabados por los medios, de muchos habitantes de la región limítrofe ante la presencia allí de militares armados.

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Un militar de la Guardia Nacional observa armado hacia el Río Grande en el área de Roma, Texas, fronteriza con México, el pasado 10 de abril de 2018. (AP)Un militar de la Guardia Nacional observa armado hacia el Río Grande en el área de Roma, Texas, fronteriza con México, el pasado 10 de abril de 2018. (AP)
Un militar de la Guardia Nacional observa armado hacia el Río Grande en el área de Roma, Texas, fronteriza con México, el pasado 10 de abril de 2018. (AP)

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En todo caso, como se indicó en NBC, California ha optado por no desplegar guardias nacionales en su franja fronteriza con México, justamente por considerar que, armados o no, la presencia de esos militares allí los acerca demasiado a la realización de actividades vinculadas con inmigración.

La polémica de fondo, así, gira en torno al hecho de que, por mandato legal, la seguridad fronteriza es una actividad del ámbito civil y a la posibilidad de que ese supuesto sea pasado por alto si la Guardia Nacional u otras formaciones se implican en un grado mayor a las labores de apoyo. Y desde el punto de vista de México, que ha deplorado el envío de esos militares a la zona fronteriza, la posibilidad de que en ciertos casos esos efectivos vayan armados añade a la sensación de ofensa y deterioro de la relación bilateral implícita en todo este fenómeno.

La presencia armada de guardias nacionales en la frontera es, en ese contexto y en esa disyuntiva, un factor que podría ser una señal determinante de la ruta que la administración de Trump podría buscar recorrer al respecto.

Sigue a Jesús Del Toro en Twitter: @JesusDelToro

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